Por Alejandro Garvie |Politólogo UBA y Magister FLACSO
Más de cuatro mil millones de personas decidirán cambios o continuidades en todo el mundo, durante 2024. En América Latina habrá elecciones en El Salvador, Panamá, República Dominicana, México, Uruguay y Venezuela, en ese orden, sumándose a una importante lista que comienza con Taiwán y también registra a Estados Unidos, India, Rusia e Indonesia.
Por Alejandro Garvie
Está previsto que seis países de América Latina celebren elecciones presidenciales durante 2024. El evento plantea una pregunta recurrente desde hace 20 años para la región respecto de las tendencia progresista o conservadora de la deriva política resultante de los comicios, o de la posibilidad de que gane la continuidad o el cambio. Hasta aquí, la continuidad ha sido la excepción.
El 4 de febrero en El Salvador, el controvertido – por su insistencia en la reelección y medidas gubernamentales – Nayib Bukele, buscará continuar en el cargo, luego de efectuar una pirueta institucional que consiste en que la Corte Suprema de Justicia avaló en 2021 – y el Congreso aprobó en noviembre – una licencia de seis meses en el cargo, a pedido de Bukele, para abocarse a su campaña.
Las encuestas lo muestran ahora a él y su partido Nuevas Ideas como claro favorito para ser reelecto, con intenciones de voto superiores a 60 por ciento, mientras que sus rivales como Manuel Flores del FMLN obtiene el 2,8 por ciento, o Joel Sánchez de Arena con el 4,3 por ciento, están estancadas.
La victoria de Bukele lo transformaría en el primer mandatario latinoamericano en lograr la reelección, ciclo que él mismo inició en 2017 y que fue la primera de 19 victorias de la oposición, sin importar de que signo ideológico era el gobierno saliente o entrante, siguiendo una tendencia del electorado que parece optar por un cambio cuando los gobiernos no cumplen con las expectativas de mejorar su calidad de vida.
En esa tendencia, poco jugaría la ideología a la hora de emitir el voto: el elector simplemente cambia por otra cosa, una conducta consumerista propia del cliente insatisfecho. En este caso a Bukele, este tipo de conducta electoral, será una respuesta positiva por la baja de los índices de delincuencia – el 95 por ciento cree esto – y no por la violación de derechos humanos que implican las cárceles de máxima seguridad en las que ha encerrado a los integrantes de las maras.
En Panamá habrá elecciones el 5 de mayo, allí el gobierno del Partido Revolucionario Democrático (PRD) de Laureano Cortizo la tiene difícil debido a protestas masivas por un contrato minero con la canadiense First Quantum que finalmente fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema de ese país. El expresidente Ricardo Martinelli parece capitalizar parte del descontento con el gobierno, que tampoco ha ofrecido soluciones a la crisis económica y tiene un grave problema de inoperabilidad del Canal, y es el candidato favorito según las encuestas.
Sobre Martinelli pesa a una condena a 10 años de prisión por lavado de dinero que podría dejarlo fuera de carrera si la Corte Suprema ratificara el fallo, lo cual mejoraría las posibilidades de otros candidatos como el expresidente Martín Torrijos, también del PRD y el outsider Ricardo Lombana del Movimiento Otro Camino (MOC) contra el actual vicepresidente y postulante oficialista José Carrizo, quien no despega en las encuestas.
En la República Dominicana, el 19 de mayo, Luis Abinader irá por la reelección con encuestas que le otorgan el 50 por ciento en la intención de voto, frente al exmandatario Leonel Fernández entre otros candidatos menores. En agosto de 2023, los partidos Revolucionario Dominicano (PRD); de la Liberación Dominicana (PLD), del expresidente Danilo Medina; y Fuerza del Pueblo, firmaron una alianza opositora en los niveles municipal, legislativo y presidencial para concurrir juntos en las elecciones de este año liderados por Leonel Fernández.
Abinader o Fernández deben alcanzar la mitad más uno de los votos válidos en mayo, de lo contrario habría una segunda vuelta el 30 de junio.
En México se votará el 2 de junio y habrá duelo de mujeres por la sucesión de AMLO con lo que ya augura un evento histórico para el país: la primera mujer presidenta. Aunque la fecha es algo lejana, las encuestas dan favorita a Claudia Sheinbaum, del oficialista partido Morena por la coalición Seguimos Haciendo Historia frente a la senadora Xóchitl Gálvez, candidata de la principal coalición opositora, Frente Amplio por México, formada por los partidos tradicionales PAN, PRI y PRD.
En Uruguay, sin reelección para Lacalle Pou, los sondeos de intención de voto dan a la coalición de izquierda Frente Amplio una leve ventaja para recuperar el poder frente a los partidos que integran el gobierno del derechista y “multicolor” Partido Nacional.
Ambas coaliciones efectuarán elecciones internas el 30 de junio, aunque está en discusión su adelantamiento. En el Partido Nacional, lidera el actual secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, mano derecha del presidente Lacalle Pou. Además de Delgado, será candidata Laura Raffo, la economista que fuera candidata a la Intendencia de Montevideo por los cinco partidos de la coalición encabezada por Lacalle Pou.
Dentro del Frente Amplio, Yamandú Orsi y Carolina Cosse son los dos precandidatos mejor posicionados. Orsi, intendente de Canelones, cuenta con el apoyo del Movimiento de Participación Popular (de José Mujica) y La Vertiente Artiguista entre otros. Cosse, actual intendenta de Montevideo, cuenta con el apoyo del Partido Comunista y Partido Socialista entre otros.
Entre tanto, todas las encuestas coinciden en que los principales problemas del país para la población son la inseguridad y la economía. Existe un comportamiento altamente polarizado en la sociedad. En la última medición de Factum, los votantes del Frente Amplio desaprueban la gestión gubernamental en un 66 por ciento, en tanto que el 12 por ciento aprueba, mientras que los votantes de la coalición de gobierno lo aprueban en un 75 por ciento y sólo el 9 por ciento desaprueba. El sistema electoral prevé segunda vuelta en caso de que nadie alcance la mayoría simple.
Finalmente, queda la nebulosa Venezuela que aún no ha fijado la fecha de las elecciones y que tiene a Nicolás Maduro en busca de la reelección, luego de diez años de gobierno.
Tras largas negociaciones, el gobierno y la oposición acordaron en octubre, en Barbados, celebrar elecciones durante el segundo semestre de 2024 a cambio de que se levantaran algunas sanciones internacionales a Venezuela impulsadas por Estados Unidos.
Todavía no se sabe qué ocurrirá con la candidatura de María Corina Machado, inhabilitada para ejercer cargos públicos, luego de haber ganado en octubre – por amplio margen – las primarias de la oposición y se disponía a desafiar al gobierno en las urnas.
Con el telón de fondo de un desmoronamiento económico que ha hecho emigrar a más de siete millones de venezolanos, las encuestas sugieren que Machado podría derrotar al chavismo que lleva 24 años en el poder.
Ante esto, no sería de extrañar que las autoridades mantengan la inhabilitación para competir en las urnas, ahondando la crisis política ya existente y manteniendo a Venezuela en el casillero de rara avis para la región.
En este panorama, sólo Panamá y Uruguay tienen pocas chances de continuidad mientras que los tres gobiernos restantes en juego podrían lograrla. La constante que se mantiene para la región es: la persistente pérdida de la confianza en la democracia.
La fundación Latinobarómetro en su informe 2023 sobre el estado de la democracia, tal como viene haciéndolo desde 1995, refiere a que asistimos a una “recesión democrática” en la región, expresada en el bajo apoyo que tiene la democracia, el aumento de la indiferencia al tipo de régimen y una preferencia por el autoritarismo.
Esta recesión tiene tres dimensiones: 1) Las crisis económicas que aumentan las desigualdades, el número de pobres y tensionan las demandas de la población que se vuelven totalmente inelásticas. Las crisis económicas influyen negativamente pero no de manera principal en el declive de la democracia. 2) La deficiencia de la democracia en producir los bienes políticos que demanda la población. Los principales bienes políticos son la igualdad ante la ley, la justicia, la dignidad y la justa distribución de la riqueza. La corrupción, los personalismos y el uso del poder para otros fines que no sean el bien común contribuyen a minar el avance de la producción de bienes políticos. 3) Hay un desplome del desempeño de los gobiernos por su falta de capacidad para responder a las demandas de políticas públicas. Esto ha tenido como consecuencia las alternancias en el poder en todas las elecciones presidenciales menos una desde 2018.
Latinobarómetro destaca que las crisis de las élites en la mayor parte de los países de la región se manifiestan en los 22 presidentes condenados por corrupción en nueve países y los 19 presidentes que dejan su cargo antes del fin de su mandato, así como aquellos que rompen las reglas para quedarse en el poder. Esto caracteriza la destrucción de bienes políticos y mina la soberanía del pueblo. Un tercio de los presidentes elegidos en América Latina desde que se inició la transición han transgredido las reglas de la democracia. Esta debilidad conduce a la atomización del sistema de partidos y al desplome de su imagen y legitimidad.
Cuando se pierde la fe en la democracia, suele instalarse el odio, la frustración, la demanda de mano dura y se eligen alternancias y se aplauden gestos autoritarios como los de Bukele o los de Javier Milei, que en la Argentina ha aplicado una reforma constitucional por decreto y ha solicitado la suma del poder público por cuatro años a un Congreso que ha despreciado desde su primer día de gobierno.
Se desechan las características de la democracia en pos de la mera solución de los problemas, no importan los partidos políticos, ni la libertad de prensa, y tampoco interesa que se pisoteen las leyes o los procedimientos, ni siquiera preocuparía tanto un gobierno militar. Todas estas actitudes parecerían válidas en tanto traigan soluciones.
La pandemia fue un grave obstáculo para el desempeño democrático y, a pesar de que cierto slogan rezaba que “de esto saldremos mejores” la evidencia indica todo lo contrario.
Alejandro Garvie es Politólogo UBA y Magister FLACSO
