Alejandro Garvie nos ofrece una lectura sobre el proceso de reforma constitucional chileno.
En 2019, el descontento popular con una situación económica sofocante impulsado por el ímpetu de la juventud sin perspectivas de futuro, irrumpió en las calles de Santiago y luego se propagó a las demás regiones del país. Ese descontento encontró un cauce político en las demandas de una nueva Constitución como si en su modificación residiera la posibilidad de transformar la realidad agobiante, la profunda desigualdad que reina en nuestro vecino, allende los Andes, con un gobierno – entonces del derechista Marcelo Piñera – que ofreció represión e insensibilidad social por toda respuesta.
Si bien es cierto que la sociedad chilena acata la Constitución de 1980 dictada por Augusto Pinochet y sus adláteres, entre los que se encontraba el actual líder de la oposición, el ultraderechista Antonio Kast, necesitaba una actualización a la vida democrática actual y la lucha por esa modificación catalizó las aspiraciones de los revoltosos. Cabe señalar que, si bien el texto cumplía 42 años de vigencia, se le habían practicado decenas de modificaciones, la de mayor envergadura realizada en 2005, durante el gobierno de Ricardo Lagos.
El efecto de la revuelta popular no fue solo la apertura de la instancia de reforma sino la llegada al gobierno de la izquierda encarnada en el joven Gabriel Boric con el mandato de lograr un nuevo texto y mejorar la vida de los chilenos.
Así, se convocó por elección nacional obligatoria, a una Convención Constituyente finalmente controlada por los partidos de izquierda que produjeron un texto de una ambición progresista sin parangón en el mundo, consagrando derechos en todos los aspectos de la actividad humana, soslayando que una Constitución refleja un acuerdo entre los bloques de poder de una sociedad y no es un mero decálogo de buenas intenciones. El 4 de julio de 2022, Boric recibió de la Convención una flamante Carta Magna que contenía 388 artículos y era una de las más extensas del mundo.
Ese proyecto, impecable desde el punto de vista procedimental, carecía de la viabilidad política para ver la luz y poder ser llevado a la práctica. Propios y extraños entendieron eso cuando en 2022 el referéndum popular le dijo que no. Poco más de 15 millones de chilenos y chilenas estaban habilitados para votar la propuesta de Nueva Constitución, con voto obligatorio y una asistencia del 88 por ciento, el Rechazo se impuso con el 61,86 por ciento de los votos, contra el 38,14 por ciento del Apruebo.
La pandemia empeoró la situación económica de Chile, un país con una economía muy sensible a los vaivenes internacionales, con un crecimiento en 2022 que apenas arañó el 1 por ciento, al tiempo que la desigualdad – 0,47 en el índice de GINI – ubicaba a Chile como el país más desigual de la OCDE. Hasta aquí, Boric estaba fallando en sus dos objetivos centrales de gestión.
Ante el triunfo del rechazo, redobló la apuesta e insistió con una nueva redacción, pero esta vez, la Convención electa estuvo dominada por la derecha, con lo que el producto final fue aún más retrógrado que la versión de 1980. Por eso no extraña que en el referendo convocado para aprobarla haya triunfado nuevamente la negativa. El “en contra” se impuso con un 55,7 por ciento de los votos ante la opción “a favor”, que alcanzó el 44,2 por ciento.
Tanto aquella reforma que pretendían los seguidores de Boric, como la actual no prosperaron porque no existió un consenso político necesario y por lo tanto una fuente de legitimidad suficiente como para alcanzar una reforma que tenga esas cualidades, sin las cuales una Constitución carece de sustento, como la reforma constitucional argentina de 1949.
Los cuatro expresidentes votaron divididos, en lo que es una reversión del voto de la primera reforma trunca. Así Eduardo Frei Ruiz-Tagle (DC) y Sebastián Piñera (Chile Vamos) optaron por el voto positivo, mientras que Ricardo Lagos (PPD) y Michelle Bachelet (PS), se opusieron a su sanción.
Sin embrago, en el plano de la política diaria, este resultado ha sido un revés para la oposición. La derecha y la ultraderecha liderada por José Antonio Kast esperaban que un triunfo en la consulta popular fuera tomado como un plebiscito a la gestión del gobierno, objetivo que no fue logrado.
En definitiva, al final del camino, es la derecha que ha ganado consagrando el statu quo y la continuidad de la Constitución de 1980, aunque no consiguiera imponer una reforma que era aún peor que la vigente, en términos de conservadurismo. En ese sentido, Marco Enríquez-Ominami, el fundador del Partido Progresista de Chile hizo una declaración que grafica el caso: “Para votar en contra de una Constitución de ultraderecha tuve que votar por la Constitución de Pinochet”.
Boric sale fortalecido, aunque sin reforma: «Durante nuestro mandato se cierra el proceso constitucional. Las urgencias son otras», declaró tras conocerse los resultados, aceptando la derrota sobre la reforma, pero celebrando haber impedido la reforma derechista, al tiempo que reconocía que las energías había que reenfocarlas a los temas urgentes que tiene su gobierno.
«Una gran mayoría de chilenos ha rechazado la propuesta constitucional que nosotros impulsamos desde el Consejo constitucional», declaró Kast tras conocerse los resultados y a una semana de haber viajado junto a Boric, a la Argentina, para la asunción de Javier Milei en una suerte de cónclave heterogéneo y devaluado de la derecha internacional en el que Boric desentonaba claramente.
Chile cierra, por ahora, su impulso reformista y su gobierno – con dos años de gestión por delante – debe abocarse a un momento económico difícil y en una región en donde la derecha crece enancada en el descrédito de la democracia y el deterioro de la calidad de vida de sus ciudadanos.
Alejandro Garvie es Politólogo UBA y Magister FLACSO
